Por Martín Rapetti, Emiliano Libman y Gonzalo Carrera
Para mediados de los años 2000, los países de América Latina habían conseguido confluir a una situación de estabilidad macroeconómica: la inflación era baja, los balances fiscales estaban equilibrados y las cuentas externas transitaban senderos sostenibles, lejos de la frecuente amenaza de las crisis cambiarias. Si las trayectorias que los habían traído hasta ahí habían sido —con sus propios matices— similares, a partir de allí comenzaron a bifurcar. Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay lograron mantener la estabilidad adoptando gradualmente —cada uno con sus tiempos y matices— esquemas de “buenas prácticas macroeconómicas” basados cuatro pilares: 1) una política monetaria de metas de inflación dirigidas por bancos centrales independientes y mayormente tecnocráticos; 2) una política cambiaria de flotación administrada y acumulación de reservas internacionales; 3) políticas fiscales institucionalizadas que procuran mantener un sesgo contracíclico y la sostenibilidad de la deuda pública y 4) la integración con los mercados internacionales de capital. Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, en cambio, siguieron un sendero diferente, sobre el que se desplegaron estrategias de política macroeconómica más erráticas, que privilegiaron objetivos de corto plazo y relegaron la estabilidad macroeconómica a un segundo plano. La evidencia que desplegamos en este artículo parece reflejar que los países que no adoptaron las “buenas prácticas”, no sólo padecieron mayor inestabilidad macroeconómica, sino que también peor desempeño en términos de crecimiento y reducción de la pobreza.
