Seis de cada diez pesos de gasto primario se destinan a prestacionales sociales. Esto es un 12% del PBI, del cual el 75% corresponde al pago de jubilaciones y pensiones. Actualmente se pagan unos 8.450.000 beneficios sumando las jubilaciones y pensiones contributivas (6.800.000), no contributivas (mayormente pensiones por invalidez), y prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). En tanto, las asignaciones familiares constituyen poco más del 10% del total de prestaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo llega a 4.400.000 beneficiarios (casi 2.500.000 familias) y la Asignación Universal por Embarazo a 78.000 mujeres. El resto de los programas solía representar un 5% del gasto en prestaciones sociales, aunque trepó al 20% el año pasado al incluir la mayor parte de las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia, y se mantendrán por encima del 10% este año (ver Gráfico 1).
Según el presupuesto vigente, el 51% del gasto en este rubro se destinará a programas de políticas alimentarias y al Plan Potenciar Trabajo. En la Tabla 1 presentamos en detalle el número de titulares únicos de las principales prestaciones sociales vigentes en Argentina durante 2021.
A diferencia de 2020, cuando la ayuda económica por la crisis del coronavirus se canalizó principalmente a través de dos grandes programas (IFE y ATP), este año se eligió la alternativa de dar bonos extraordinarios y refuerzos a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, y ampliar pro-gramas y planes ya existentes (Tarjeta Alimentar, Plan Poten-ciar Trabajo), por lo que buena parte del gasto Covid-19 se volverá permanente.
Se detallan a continuación -ver Tabla 2– las principales medidas tomadas este año en el marco de la segunda ola de contagios y la proximidad de las elecciones, que han involucrado un gasto extra en prestaciones sociales:
- Bonos a jubilados y pensionados: se pagaron hasta ahora tres bonos extraordinarios (abril y mayo por AR$ 1.500 y agosto por AR$ 5.000), con un costo fiscal de AR$ 45.000 millones. Para las semanas previas a las elecciones proyectamos un nuevo bono, por otros AR$ 5.000 con un costo fiscal de AR$ 30.000 millones. Estos cuatro bonos sumarían en total un gasto equivalente al 0,2% del PBI.
- Refuerzo de la AUH y asignaciones familiares: hacia fines de abril y principios de mayo, se otorgó un refuerzo de AR$ 15.000 para beneficiarios de la AUH, AUE y monotributistas A y B residentes en el AMBA. La medida alcanzó en total a unos 930.000 beneficiarios y tuvo un costo fiscal de AR$13.900 millones. Proyectamos para las semanas previas a las elecciones el pago de un bono extra de AR$15.000, no sólo para beneficiarios del AMBA sino para total país. Implicaría un costo fiscal de AR$ 27.800 millones de pesos. Las dos rondas de refuerzos sumarían en total un gasto equivalente al 0,13% del PBI.
- Ampliación de la Tarjeta Alimentar: en mayo, antes de la segunda ola de Covid-19, se incrementó el monto de la tarjeta en un 50%. En medio de la segunda ola se realizó una nueva extensión en la cantidad de beneficiarios y del monto mensual, que hoy llega hasta AR$ 12.000. El universo de personas beneficiadas pasó de 1.9 millones a 4 millones. De esta manera, la Tarjeta Alimentar y la AUH juntas cubren el costo de la Canasta Básica Alimentaria, y si se suman otros ingresos sociales de los niños ya se logra cubrir gran parte de la Canasta Básica Total. En diciembre 2020, el costo mensual del programa Tarjeta Alimentar era de AR$ 6.979 millones y, debido a las ampliaciones en monto y cantidades de titulares, en junio 2021 la inversión pasó a ser de $20.393 millones mensuales. Es decir que esta medida implicó un esfuerzo fiscal de AR$ 12.150 en mayo y de AR$13.415 millones mensuales a partir de junio respecto al esquema anterior. En total, el costo fiscal de esta ampliación asciende a unos AR$ 106.055 millones (0,2% del PBI).
- Ampliación del Plan Potenciar Trabajo: este plan, lanzado en junio 2020 por el Ministerio de Desarrollo Social, unificó los planes Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios bajo la consigna de convertir los planes sociales en empleos activos para personas entre 18 y 65 años. Funciona a través de tres pilares: un salario social complementario, subsidios/créditos no bancarios para empezar o reactivar proyectos productivos y un módulo de formación para capacitar a quienes necesitan finalizar sus estudios primarios y secundarios. Es un vehículo clave a través del cual los movimientos sociales realizan sus tareas de asistencia a la población más humilde. Alcanza a 920.000 trabajadores, que cobraban desde mayo AR$ 12.204 y pasaron a cobrar AR$ 14.040 desde agosto. La inversión anual estimada para este programa es de AR$ 167.000 millones, que implica un es-fuerzo fiscal adicional de AR$ 91.400 en todo el año (0,2% del PBI).
- Ampliación del Programa Progresar: este programa llega a unos 750.000 alumnos en todo el país con becas mensuales de entre AR$ 3.600 y AR$ 9.600. La inversión durante este año superará los AR$ 28.000 millones, con un adicional de AR$ 14.000 millones respecto a 2020.
Las medidas anunciadas en lo que va del año involucraron una expansión del gasto en prestaciones sociales de 0,6% del PBI. Sumando las erogaciones adicionales que proyectamos hacia adelante, la expansión llegaría a casi un punto del producto.
En este escenario, estimamos que el gasto en prestaciones sociales alcanzará el 12,4% del PBI en todo el año, en línea con los niveles de 2017 (ver gráfico 2). La caída respecto de 2020 (2,8 pp.) corresponde a la eliminación de buena parte del gasto extraordinario destinado a la asistencia eco-nómica por la pandemia (1,8 p.p. sólo entre IFE y ATP).
En la tabla 3 presentamos en detalle la apertura del gasto en prestaciones sociales y los principales planes y programas existentes proyectados para 2021.
Por último, en la Tabla 3 presentamos en detalle la apertura del gasto en prestaciones sociales y los principales planes y programas existentes proyectados para 2021.
