A principios de año, desde el Ministerio de Economía se buscó coordinar las variables nominales, y con ellas el conflicto distributivo, en torno a la pauta oficial de inflación de 29% prevista en el Presupuesto 2021. En este marco, el acuerdo tácito implicaba que los aumentos de salarios negociados en las paritarias se ubicaran en un rango de entre 30-35% anual. Varios gremios de referencia convalidaron esta trayectoria de precios y salarios al firmar sus paritarias, incluyendo cláusulas de revisión a fin de año por si la inflación terminaba superando los aumentos acordados. Entre ellos destacan: bancarios (29%); docentes -SUTEBA- (32%); encargados de edificios (32%) y metalúrgicos (35%).
Pero, a medida que se fueron conocieron los datos del IPC Nacional, la brecha con la proyección oficial de inflación fue en aumento. Las variaciones mensuales de los primeros meses indicaban que la inflación promediaba 4% mensual, corriendo a un ritmo anualizado del 60%. Pese a que hasta abril los salarios acumularon un alza del 18,1% (impulsados por el cierre de aumentos pactados en las negociaciones del año pasado) empardando el alza de los precios (17,6%), la pauta de las paritarias firmadas a comienzo año quedó obsoleta, y se multiplicaron los reclamos para superarla.
En mayo, el Gobierno se enfrentó a un dilema conocido: permitir que los salarios aumentaran por encima de la pauta establecida dando por tierra la contención de expectativas, o pretender que actúen como ancla inflacionaria en un año electoral. Un escenario particularmente crítico si se tiene en cuenta que los salarios acumulan tres años consecutivos de caída de poder adquisitivo, especialmente de aquellos de menores ingresos.
En nuestro informe En foco #1 mostramos que el rubro de alimentos ha sido el principal impulsor de la inflación en los últimos meses: en el acumulado a mayo 2021 crecieron 23,1% mientras que el nivel general trepó 21,5%. Desde que asumió Alberto Fernández el primero trepó 77,9% y el segundo 65,4%.
Esta evolución claramente afectó el poder de compra de los salarios, ya que, a diferencia de otros bienes de consumo, las familias no pueden dejar de comprarlos. El caso más emblemático es el de la carne, debido a lo arraigado que está su consumo en la mesa de los argentinos. Como lo muestra el gráfico 1, el aumento de los últimos meses implicó que un sueldo promedio pudiera comprar la menor cantidad de asado en lo que va del siglo XXI (134 kg).
A principios de junio el Jefe de Gabinete de Ministros sostuvo en declaraciones radiales que el Gobierno tiene el compromiso político de que los salarios le ganen a la inflación. El cierre de la paritaria de empleados del Congreso en 40% y de ANSES en 43% marcó un nuevo piso para el resto de las negociaciones, que el Sindicato de Camioneros consolidó cerrando un acuerdo del 45% anual. Asimismo, el sindicato de trabajadores encargados de edificios inauguró la reapertura de paritarias cerradas en torno a la pauta de inflación del Presupuesto 2021, pasando de un 32% a casi 45% anual. Ya se sumó bancarios elevando de 29% a 45% anual y esperamos que el resto de las paritarias cerradas con aumentos entre 30-35% anual se vayan reabriendo -con el aval del Ejecutivo- antes de las elecciones. Recientemente, UPNC —el gremio de estatales— junto con el Gobierno confirmaron la reapertura de su paritaria (había cerrado 35%) para el 19 de agosto.
Para precisar cómo sería la carrera nominal entre precios y salarios formales, realizamos un ejercicio teórico valiéndonos de nuestro modelo de inflación (ver En foco #1). Dadas las paritarias originales (sin reapertura), nuestras estimaciones indican que los salarios formales subirían sólo 41,7% en 2021. Al incorporar esta trayectoria a nuestro modelo, la suba de precios alcanzaría 42,3% en el año, arrojando una nueva caída del salario real durante 2021.
Con reapertura generalizada de paritarias de los gremios que pactaron en torno a la pauta oficial (30%-35% anual), los salarios formales evidenciarían un alza en torno al 48% y la inflación rozaría 47% a lo largo de 2021. Pero, esperamos que en la recta final hacia las legislativas el Ejecutivo otorgue -como a comienzos de su gestión- una suma fija por decreto para reforzar especialmente los salarios de menores ingresos. Con este «push electoral» las remuneraciones alcanzarían 50% contra una inflación de 47,5%, mejorando 2 puntos porcentuales en el segundo semestre.
El gráfico 2 muestra la evolución del salario real formal con nuestras proyecciones en línea punteada. Si estas se cumplen, los trabajadores terminarían 2021 con una leve mejora de su poder adquisitivo (casi 2%) rompiendo una racha negativa de tres años consecutivos de caída. Sin embargo, el salario formal real aún se ubicaría 18% por debajo de fines de 2017. Para el salario informal, que es más difícil de predecir, suponemos una trayectoria similar al formal, pero más acotada (podría empardar la inflación).
Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares (AUH y AUE) deberán esperar aún más para recomponer sus ingresos. La actual fórmula de movilidad depende en un 50% por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) o el índice de salarios de INDEC —el que sea mayor— y otro 50% por la recaudación de la ANSES, que responde mayormente a la evolución del empleo y del salario formal. Pero hay dos motivos por los cuales la actualización no es inmediata. Por un lado, el ajuste es trimestral (en marzo, junio, septiembre y diciembre). Por el otro, las variaciones de los indicadores que se utilizan corresponden al trimestre anterior al del mes de ajuste (ej.: para marzo, aplican las variaciones resultantes del último trimestre del año anterior), lo que produce un rezago que afecta a los haberes negativamente cuando la inflación se acelera y positivamente cuando el alza de precios se modera. Para marzo y junio la fórmula de movilidad produjo aumentos de 8,1% y 12,1%, respectivamente. Esto supuso que las jubilaciones y demás prestaciones de la seguridad social crecieran en el primer semestre un 21%, cuando la inflación a mayo ya alcanzó ese guarismo (+21,5%). Para el segundo semestre, estimamos que los incrementos se ubiquen entre 9% y 10% en ambos trimestres.
Como se observa en el gráfico 3 por el retraso en incorporar la información salarial y de recaudación, la fórmula de movilidad treparía sólo 45% este año dejando al incremento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones por debajo de la inflación proyectada. Para evitar la pérdida real de ingresos en un año electoral, el Gobierno deberá otorgar aumentos adicionales. Ya hubo anuncios en esta línea: en abril y mayo se implementó un bono de AR$ 1.500 para los haberes jubilatorios de menores ingresos. A su vez, recientemente la ANSES anunció que entre julio y agosto otorgará un conjunto de bonos y pagos extraordinarios a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Esperamos que estas medidas se intensifiquen de cara a los comicios para que estas partidas de la seguridad social logren empardar la suba de precios esperada (47,5%).
